Propuesta
Igualdad y equidad.
Se propone establecer un sistema mixto Estado - Privado para financiar las pensiones de todos los chilenos y miembros de la comunidad desde lo más temprano en la vida, que el presupuesto de la nación pueda solventar. Puede ser desde un año después de nacer o desde los 18 años, o desde que se incorporan formalmente al país, en el caso de inmigrantes.
Para una población de proyectados 18 millones de personas (INE), se propone que el gobierno abone un monto mensual o anual en cuentas individuales de cada ciudadano, a todos por igual, sin disticiones de ninguna otra especie que no sean los tramos de edad que se explican a continuación:
Tramo pre laboral
Edades desde los 1 a los 24 años (desde cumplir un año de vida), igual para todos, se propone un monto que les permita llegar a la edad laboral con un ahorro previo otorgado por el estado, equivalente a un tercio de la renta mínima mensual, por espacio de 23 años. (Actualmente $27.600.000).
Tramo laboral
Entre los 24 y los 65 años, todos, ya sea que estén desocupados, trabajen o estudien, debieran recibir en su cuenta de capitalización individual un monto equivalente a la mitad de un sueldo mínimo mensual u otro índice de referencia equivalente. De esta manera, cada persona acumularía un monto (de actuales $101.400.000 entre los 1y 65 años) que garantiza una renta mensual de al menos actuales $472.000 al enterar 65 años, suponiendo que nunca se hubiera reajustado ni generado intereses. No obstante, al momento de jubilar, la cifra crecerá entre el doble o el triple, si es que los fondos se administran en el sistema de pensiones vigente, sin realizar cambio alguno a ese sistema o incluso si el administrador es un ente estatal con funciones similares.
Podría considerarse desarrolar algún abono adicional como incentivo para prologar la vida laboral, en el ánimo de fomentar la autonomía de los individuos y reducir la carga final del estado.
Tramo tercera edad
A partir de los 65 años, edad en que surge una carga adicional a la sobrevivencia, debido principalmente al costo de las enfermedades crónicas e incapacidades, se propone un incremento hasta el 75 % del sueldo mínimo vigente como aporte estatal al fondo de pensiones, para los que aún no han jubilado o para abonar a la pensión directamente en el caso de jubilados o para el fondo solidario en caso de indigencia previsional. Este monto resuelve en parte la menor pensión de quienes se incorporan al sistema ya siendo mayores y con pensiones mínimas o ausentes.
Se ve claramente que ningún ciudadano quedará en rangos de pobreza extrema y quienes se incorporen como pasivos a partir del presente año, o con pocos años desde la vigencia de este plan, ya estarán recibiendo, a corto plazo, una pensión superior a la actual.
Cómo calcular el aporte fiscal
Para el cálculo del aporte fiscal puede haber varias opciones todas dependientes de la balanza comercial del estado. Consideramos como base de indexación el sueldo mínimo en primer lugar, que tendría un efecto adicional, que es el de tenerlo presente como costo real, cada vez que éste es reajustado. Ese reflejo moderaría por los demás las tendencias populistas que en años recientes han venido a amedrentar a potenciales empleadores y ha reducido de hecho, el interés por dar nuevos empleos.
Otra opción de indexación
En lugar de vincular la indexación del aporte fiscal al sueldo mínimo se podría asociar a otro índice de balance administrativo nacional como puede ser el PIB u otros que expresan de forma más más precisa la solvencia fiscal, o mejor aún, compartir ambos criterios. Por coincidencia, el costo calculado de este plan es de aproximadamente el 2% del PIB actual. Habría que considerar como crédito para este pozo, todos los fondos solidarios actuales, los cuales debieran extinguirse por considerarlos incluidos en la presente propuesta, especialmente aquellos fondos de privilegios que representan desigualdades inaceptables entre chilenos, como el financiamiento del sistema PRAIS, un subsidio millonario a la salud de unos pocos, que se haría innecesario, no solo por garantizar un pensión, además por financiar suficientemente las cotizaciones para salud.
El PIB u otro indicador de balance administrativo es nuestro favorito, porque demuestra de alguna manera el desempeño de los gobiernos. Un mejor PIB o un mejor balance de las cuentas fiscales incrementarían más las pensiones. Seguramente los ciudadanos comenzarán a vigilar el comportamiento de estos marcadores para evaluar la eficiencia de los gobiernos y tenderán a rechazar los repartos populistas, los gastos innecesarios, premiando con su confianza a los gobiernos de mejor desempeño, los que produzacan un superhábit.
La propuesta no modifica el sistema de capitalización individual actualmente existente, que considera que el ahorro previsional logrado es patrimono de los individuos y fruto directo de su trabajo, por ende tendría que ser inembargable e inexpropiable. Tampoco impide la coexistencia con entes estatales administrando en paralelo, lo cual es por lo demás deseable a permitir comparar la eficencia entre ellos.
De este modo, el aporte estatal, igualitario para todos los miembros de la comunidad en el respectivo grupo de edad, se agrega a los ahorros previsionales del sistema de pensiones, estimulando así el ahorro y el trabajo.
Cómo conseguir la equidad
Hay que considerar que de los montos involucrados, a cada ciudadano se le descuentan cotizaciones de salud e impuestos en escalas progresivas de renta e impuesto global complementario. Por eso, desemboca en una justa redistribución solidaria, ya que cada año, aquellos que hayan logrado pensiones y rentas más altas, pagarán más impuestos en la medida de los tramos establecidos en la actual estructura tributaria.
Nos parece que esta metodología es más que suficiente para contribuir al balance entre los que tienen menos y los que tiene más, sin cometer el abuso de impuestos sobre impuestos que algunos pretenden imponer y que termina afectando a la sufrida clase media, más que a ninguna otra. Es simple calcular que los millonarios, devolverán todo lo percibido por este concepto y más, al término de cada periodo tributario y tendremos el orgullo de demostrar que un país puede aplicar la igualdad para todos y a la vez perfeccionar en un único sitema tributario el aporte solidario.
Hemos realizado tres simulaciones: en la primera los tramos 1, 2 y 3 se separan al cumplir 24 y 65 años. En la segunda, las edades de corte son los 30 y 65 años y en la tercera el sistema inicia a los 18 años, tal vez vinculándolo con alguna obligación electoral, en vez de imponer multas por no participación, estimulando la participación ciudadana, el tramo 2 incluye a los que tienen 18 años y más hasta cumplir los 30 años y el tramo 3 desdde esa edad hasta los 65 años, por ser edades laborales típicas.
Se simuló el año 2019 y el 2020